HISTORIA DEL PERIODISMO
LA PRENSA EN UNA SOCIEDAD AUTORITARIA
En la sociedad colonial no existe el derecho
autónomo del individuo a publicar sus opiniones y todo libro y todo periódico
requiere una licencia previa. Incluso establecer una imprenta requiere permiso del
rey: cuando a fines del siglo XVIII las autoridades coloniales pidieron
autorización para establecer una imprenta, una de las razones que alegaron para
justificarla era por falta de ella no se había podido publicar un “edicto
prohibiendo varios libros” :¡Se necesitaba la imprenta para poderla prohibir
eficientemente!
Por ello, el primer periódico regular del país El
Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá, creado en 1791, tuvo
patrocinio oficial y estuvo sometido a estricta censura. Sin embargo, gozó de
alguna latitud y al publicar textos de interés amplio, artículos de varios de
los criollos locales que eludían cuidadosamente los temas de conflicto, empezó
a crear lo que hoy llamaríamos un espacio de debate público, que fue prolongado
por los otros periódicos publicados en los últimos años del régimen colonial,
como el Correo Curioso y el Semanario del Nuevo Reino de Granada, que además
fueron dirigidos por particulares. Para los criollos, que creían, como dijo
Camilo Torres, que la imprenta es “el vehículo de las luces y el conducto más
seguro que las pueda difundir”, la posibilidad de dar a conocer textos
científicos y literarios y una limitada información sobre el Nuevo Reino y el
mundo –así se publicara bajo el pretexto de censurar los excesos
revolucionarios- era ya un gran avance, que ayudó a crear los primeros esbozos
de una identidad nacional
En 1794, con la publicación de una hoja con la
traducción de la “Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano” por parte
de Antonio Nariño, se presentó el primer conflicto significativo alrededor de
este problema. A pesar de que los acusados alegaron que estaba permitido
publicar sin licencia previa todo texto de menos de un pliego y prácticamente
no circuló, Nariño fue condenado a diez años de prisión en África, y penas algo
más leves recibieron el impresor y sus dos abogados.
La
Bagatela
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Pluribus Unium
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Tipo
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Semanario
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País
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Fundación
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Fundador
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Fin de publicación
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Género
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Informativo / generalista / político
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Idioma
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Precio
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Director
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Antonio Nariño
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2. Libertad y responsabilidad legal 1810-1851
La independencia produjo una rápida expansión del
periodismo colombiano y abrió una tradición de normatividad legal. Desde la
primera constitución, la de Cundinamarca de 1811, se reconoció la libertad de
imprenta, como uno de los derechos que el gobierno garantizaba a los
ciudadanos, pero mantuvo la prohibición de publicar escritos obscenos y los
ofensivos para el dogma, y se requería licencia eclesiástica para la
publicación de escritos sagrados, lo que se reiteró en la de 1812 que indicaba
que “ninguno podrá abusar de esta libertad para imprimir obras obscenas y
contra la religión”.
La constitución de Antioquia, en 1812, estuvo más
cerca de la formulación francesa, al reconocer la “libertad de imprenta” ,
“debiendo responder del abuso que haga de esta libertad en los casos
determinados por la ley.” Este sería el esquema legal dominante durante el
siglo XIX.: reconocimiento de la libertad, y responsabilidad legal a
posteriori. Sin embargo, esta afirmación de responsabilidad legal a posteriori
no impidió que en las constituciones y leyes se establecieran diferentes formas
de prohibiciones absolutas o de censura previa. Fue general la prohibición
absoluta de publicar escritos obscenos y contrarios al dogma, así como fue
usual proscribir la publicación de escritos dirigidos “a perturbar el orden y
la tranquilidad comunes, o en que se combatan las bases de gobierno adoptadas
por la provincia. “Cualquiera que imprima y publique escritos o discursos
subversivos contra semejantes bases, cometerá un crimen de lesa majestad y será
castigado como tal....”, como decía la constitución de Antioquia. Además,
algunas constituciones señalaron que la libertad de imprenta era “el más firme
apoyo de un pueblo sabio y liberal”, y subrayaron que permitía a todo ciudadano
“examinar los procedimientos del gobierno y la conducta de los empleados
públicos”.
Estas normas de la época de la independencia
–cuando, no hay que olvidarlo, la supervivencia del país estaba aún en juego–
fueron prolongadas, más restrictivas y represivas, en las constituciones
republicanas. La Constitución de Cúcuta mantuvo (art 156) con claridad la
inexistencia de la censura previa: “Todos los colombianos tienen el derecho de
escribir, imprimir y publicar libremente sus pensamientos y opiniones, sin
necesidad de examen, revisión o censura alguna a la publicación. Pero los que
abusen de esta preciosa facultad sufrirán los castigos a que se hagan
acreedores conforme a las leyes”. Esto fue desarrollado en forma algo
incongruente en la primera ley “sobre la extensión de la libertad de imprenta”,
expedida en 1821 (12 de septiembre), en la que, a pesar de la clara prohibición
constitucional de censura previa, se dice que “los libros sagrados no podrán
imprimirse sin licencia del ordinario eclesiástico” y se señalaban las
sanciones a la publicación de escritos contrarios a los dogmas de la religión
católica, de textos “dirigidos a excitar la rebelión o la perturbación de la
tranquilidad pública”, que ofendan la moral y la decencia públicas y que
“vulneren la reputación o el honor de alguna persona, tachando su conducta
privada”. Estas clases de artículos fueron definidos como “subversivos, sediciosos,
obscenos y libelos inflamatorios”.
La vida política durante la primera década mostró
algunos de los problemas que viviría la república: las polémicas de prensa
fueron bastante violentas; el ejecutivo se sintió obligado a responder, muchas
veces publicando periódicos anónimos redactados por el mismo presidente
encargado, general Santander. Los dirigentes, que elogiaban la libertad de
prensa en abstracto o cuando estaba a su favor, iban perdiendo la calma: “la
hermosa libertad de imprenta, con su escándalo, ha roto todos los velos,
irritando las opiniones. La pardocracia triunfa....La libertad de imprenta es
la causa, y por lo mismo, es incurable como la llaga del amigo de Teseo, que la
irritaban cuantos remedios se le ponían. Esta llaga cubre toda la república...”
escribió Bolívar en 1826. Sin embargo, en su propuesta de constitución de
Bolivia reiteró el principio general de libertad sin censura previa pero con
responsabilidades fijadas por la ley.
Autoritarismo y paternalismo 1886-1948
El descontento con los efectos de la constitución
de 1863, a la que se atribuía la proliferación de guerras civiles locales,
llevó a una radical modificación del orden legal, que se expresó en la
constitución de 1886. El 11 de noviembre de 1885, en el discurso de instalación
de la Asamblea Constituyente, Núñez, antiguo defensor de la libertad absoluta
de prensa afirmó: “La prensa debe ser antorcha y no tea, cordial y no tósigo,
debe ser mensajera de verdad y no de error y calumnia, porque la herida que se
hace a la honra y al sosiego es con frecuencia la más grande de todas”.
La
Bagatela (Colombia)
La Bagatela
fue un periódico fundado por el prócer colombiano Antonio Nariño el 14 de julio de 1811.
De carácter político y al tiempo satírico, se apoyaba en la defensa del
centralismo frente a las aspiraciones federalistas de Jorge Tadeo Lozano y al tiempo advertía las consecuencias de la
falta de unión de los patriotas en una eventual reconquista española de la Nueva Granada. Filosóficamente posee
contenidos literarios a través de las secciones Cartas del Filósofo Sensible
a una Dama, su amiga y Contestación de la Dama al Filósofo. Su
último número se público el 12 de abril de 1812.
Después de la época de
independencia colombiana, los ejemplares que se imprimieron fueron conservados
completos por tres personas: Vicente Nariño (descendiente del prócer y
obsequiado a Jorge Nariño Rivas y luego al general Bernardo Caicedo), el
historiador José María Vergara y Vergara y el general Joaquín Acosta. En 1965, por decreto del Concejo de Bogotá
autorizó una reimpresión facsímil (bajo la dirección de Guillermo Hernández de
Alba) en conmemoración del segundo centenario del natalicio de Antonio Nariño.
El lema del periódico fue
Pluribus Unium.
Actualmente el Partido
del Trabajo de Colombia ha retomado el nombre de "La bagatela" para
denominar su principal medio informativo, del cual circulan unos 5000
ejemplares con un periodo irregular que oscila entre tres y seis meses entre
ediciones. Hacia octubre del año
2010 se contaban 38 ediciones impresas.
Muy pocos saben que
en esta casa, declarada Monumento Nacional y hoy abandonada y carcomida por la
desidia del Estado, vivió el precursor Antonio Nariño, quien por ser el
fundador del periódico La Bagatela, se le otorgó a este lugar ese nombre. La
historia convencional sobre la historia de Colombia nos cuenta que el Palacio
de Nariño, fue la casa del matrimonio Nariño-Álvarez hasta la muerte de don
Vicente Nariño y fue ahí donde nació el 9 de abril de 1765 y creció hasta su
adolescencia Antonio Nariño y Álvarez. Y también nos cuenta que fue el primer
gran intelectual de la patria, cultor del pensamiento ilustrado en plena
dominación colonial y uno de los padres del periodismo político con su
periódico La Bagatela, periodismo político que entre otras cosas ha tumbado y
puesto presidentes en este país. La historia le reconoce a Nariño el haber
plantado las primeras semillas de libertad, igualdad y soberanía popular en la
conciencia de los neogranadinos (hoy colombianos), al publicar en 1794 la
Declaración de los Derechos del Hombre.
VISION DE LA PRENSA.
Pero la verdadera tragedia del periodismo
colombiano se ha producido por la violencia directa ejercida contra los
periodistas, por parte de organismos sociales no estatales. El narcotráfico, la
guerrilla, los paramilitares y otros tipos de delincuentes (como políticos
corruptos y algunos agentes de la fuerza pública) han participado en el
hostigamiento, la amenaza o el asesinato de un número elevado de periodistas.
En la mayoría de los casos estos crímenes no se han esclarecido en forma
adecuada, y las pruebas que precisen la responsabilidad de sus autores y los motivos
precisos de los delincuentes no se han recogido. Sin embargo, es evidente que
el mayor riesgo proviene de la revelación de actividades ilícitas de grupos
corruptos y del ataque personal y nominal a narcotraficantes.
La narración detallada de los incidentes de
violencia contra la prensa se ha hecho en varias ocasiones y aquí es pertinente
recordar solamente algunos de sus momentos más dramáticos. Entre 1984 y 1990 el
narcotráfico trató de silenciar la prensa mediante el asesinato de periodistas
de todos los niveles, desde reporteros de la base hasta directivos de alto
nivel, como Guillermo Cano, director de El Espectador, asesinado en 1996. Una
nueva fase de intensa violencia se vivió en 1995-1998, cuando los paramilitares
dieron muerte a periodistas que consideraban simpatizantes o colaboradores,
voluntarios o involuntarios, de los grupos guerrilleros: Jaime Garzón es el más
conocido de estos. Y desde 1984 hasta hoy, el ejercicio, en las provincias y
pequeñas localidades, de un periodismo de denuncia muy polémico y desafiante,
ha producido y sigue produciendo, aunque la tendencia ha sido la de una
disminución gradual de los incidentes graves, la muerte violenta de algunos
periodistas. En resumen, entre 1985 y 2000 unos 150 periodistas fueron
asesinados por razones ligadas a su oficio.
8. Los cambios en empresas y mercados
Por último, es importante discutir el impacto que
ha tenido sobre la capacidad de crítica del periodismo el cambio en las
estructuras empresariales de los medios. Como se señaló antes, prácticamente
toda la prensa colombiana, en Bogotá o en las demás capitales, adoptó, durante
la primera mitad del siglo XX , la forma de empresas familiares. El efecto de
esta estructura fue permitir a los medios definir y desarrollar sus
orientaciones políticas y sus criterios informativos con unos niveles
razonables de independencia del gobierno y del poder de los empresarios. Es
cierto que se trató de una prensa políticamente comprometida, que este
compromiso le daba un sesgo muy grande a sus comentarios editoriales y de
opinión y que la información política se seleccionaba y presentaba con
indudable parcialidad. En épocas de gran conflicto político, como 1934-36 o
1944-1952, el carácter unilateral de la información política se acentuaba, y
adquiría rasgos agresivos en algunos de los periódicos. Pero la multiplicidad
de periódicos de perspectivas encontradas ofrecía una opción de pluralismo
informativo, y algunos periódicos, en la medida en que se consolidaba un
público lector más sofisticado, encontraban que la moderación y el cuidado
informativo producían resultados. En el plazo largo, los periódicos que
terminaron dominando los mercados de Bogotá, Medellín o Cali, por ejemplo,
fueron aquellos que lograron hacer compatible el sesgo partidista con rasgos de
pluralismo informativo y con una calidad informativa más alta que la de los
otros periódicos.
A partir de 1930 un nuevo medio hizo su
aparición: la radio. Varias emisoras comenzaron a trasmitir eventos políticos,
incluso discursos completos, durante varias horas, de los políticos más
populares, y a producir “radio-periódicos” y programas de opinión y comentario,
que duplicaban los formatos favoritos de la prensa. La consolidación gradual de
emisoras privadas en grandes cadenas (Caracol, RCN y Todelar) abrió el camino a
una programación nacional y a un fortalecimiento del impacto de la radio, que
se fue haciendo más claro después de 1960. Por otra parte, desde 1954 comenzó
la televisión, inicialmente oficial, pero abierta desde temprano a empresas
privadas de programación. La televisión y la radio, que podían captar la
atención de un público muy amplio, en contraste con el carácter muy minoritario
de los periódicos, y que ofrecían alternativas de entretenimiento más variadas,
empezaron a convertirse en una competencia importante para los periódicos,
sobre todo en la medida en que la publicidad se había ido convirtiendo en la
fuente principal de financiación de todos los medios.
En efecto, los ingresos derivados de la venta del
periódico, que eran parte esencial de la salud financiera de los periódicos, y
que se apoyaban en un público cuya fidelidad provenía de la afinidad política y
de un juicio sobre la calidad del medio, fueron perdiendo importancia ante la
posibilidad de tratar a los lectores ante todo como consumidores: desde el
punto de vista económico, el lector es ante todo el objeto de una publicidad
que es ahora la que produce la mayor parte de los ingresos. La urbanización
acelerada del país a partir de 1930 abrió el camino a públicos nuevos, más numerosos
y con una pasión política menos intensa. Para atraer estos públicos nuevos, y
en un ambiente en el que la radio y la televisión se mostraban muy aptos para
capturar masas de población poco tiempo antes analfabetas, los periódicos se
fueron transformando gradualmente. Muchos desaparecieron en el proceso, y los
que sobrevivieron, casi siempre sobre la base de un monopolio local, unieron a
su información política, algo menos sujeta a sesgos partidistas, una
información cada vez mayor sobre áreas como el deporte, la moda o la vida
cotidiana, y desarrollaron una miscelánea de secciones más recreativas que
informativas. Estos periódicos, que siguen siendo en su casi totalidad
propiedad de empresas familiares, aunque ahora mucho más poderosas y ricas, se
vieron pues obligados a competir con la radio y la televisión en el campo del
entretenimiento, reduciendo el papel de la información y de la expresión de
opiniones en el conjunto del medio.
Además, radio y televisión, en forma recíproca,
empezaron a competir cada vez más con la función informativa de los periódicos.
Los noticieros de televisión adquirieron importancia desde la década del
sesenta, por lo menos para el amplio segmento de usuarios que no estaba
interesado en una información muy variada y amplia. Y desde los ochentas, la
radio aumentó aceleradamente su atención a este campo, desarrollando a lo largo
de la década formatos más o menos novedosos, con un volumen de información
creciente y de muy variado carácter, entrevistas llamativas, campañas cívicas, propaganda
encubierta, etc. Estas mezclas de información, entretenimiento y seducción al
consumidor resultaron muy exitosas y capturaron segmentos cada vez mayor del
público. En este contexto, radio, televisión y prensa han ido borrando, en el
marco de un mercado que premia sobre todo los altos volúmenes de audiencia o
lectura, las diferencias entre información, opinión y entretenimiento. El
impacto sobre la calidad de la información que recibe la sociedad ha sido muy
debatido: el tiempo y el espacio para ofrecer un adecuado contexto a la noticia
se reduce y noticias e informes “light” desplazan las informaciónes en
profundidad, la provisión de contexto a las noticias o el comentario analítico.
La radio y la televisión, desde el punto de vista
de la libertad de expresión, han estado sometidas a un régimen diferente al de
la prensa. En efecto, el estado se ha apoyado en la ficción jurídica de que es
el propietario del espectro electromagnético por parte suya para sostener que
los medios impresos se pueden crear libremente y actúan protegidos por la
libertad de expresión, mientras que el acceso de los particulares a la radio y
la televisión es el resultado de una concesión graciosa del propietario del
espectro electromagnético, que puede reglamentar su uso y someterlo a las
restricciones que considere adecuadas. Sin embargo, aunque no existían bases
jurídicas para limitar la capacidad de regulación del Estado, la regulación de
estos medios fue moderada, y usualmente dejó un espacio amplio a la libertad de
los periodistas. Esto muestra hasta donde el país ha encontrado, en los últimos
50 años, inaceptable el uso del poder estatal para regular los medios: así
fuera jurídicamente viable, políticamente era difícil ir más allá de algunas
normas fácilmente defendibles, como las que prohibían por ejemplo a los
noticieros entrevistas guerrilleros o delincuentes, y que, aunque no se
derogaran, dejaban en general de aplicarse rápidamente.
La constitución de 1991 cambió en alguna medida
la base jurídica de esta diferenciación, pues la prohibición de censura no
establece diferencia alguna, y no hay en la constitución bases para pensar que
se quería mantener esta diferenciación, al menos con lo que tiene que ver con
la libertad de los medios de comunicación periodística. Podría pensarse que el
hecho de que la constitución garantizara, sin establecer distinción alguna, la
“libertad de fundar medios masivos de comunicación” garantiza al derecho a
fundar medios masivos de comunicación radiales, televisivos o en redes como
Internet. Sin embargo, una sentencia de la Corte Constitucional reiteró el
principio de que la libertad de crear medios de comunicación no se podía
extender a la radio y la televisión, argumentando el carácter público del
espectro electromagnético (T-081 de 1993) y el hecho de que las
telecomunicaciones han sido definidas por la ley como un servicio público. De
este modo, se mantiene una situación en la que el estado reivindica la
propiedad del “espectro electromagnético”, (redefinido para incluir tecnologías
como las de cable óptico), pero cede su uso en concesión a un conjunto
limitado, y de hecho cada vez más oligopólico, de operadores privados.
En efecto, la radio y la televisión cambiaron
substancialmente su estructura de propiedad en las últimas tres décadas y de
cadenas radiales conformadas por emisoras locales, se convirtieron en grandes
cadenas controladas por los principales grupos económicos del país. Caracol
fue, desde mediados de la década de 1970, propiedad del grupo Santodomingo,
mientras que RCN es propiedad del grupo Ardila. Desde 1998 estas dos cadenas
radiales adquirieron el control de los principales canales de televisión. En
2003 el grupo Santodomingo vendió a la empresa española de medios Prisa la
cadena radial CARACOL, en lo que hasta ahora es la única adquisición importante
de medios por parte de inversionistas extranjeros. En el mundo de la prensa, El
Espectador, derrotado por El Tiempo en su competencia por el mercado bogotano y
muy debilitado, fue el primer periódico familiar que terminó en manos de los
grandes grupos económicos, al ser vendido al mismo grupo Santodomingo, que no
ha logrado recuperar ni su circulación ni sus finanzas. Por otra parte, algunos
de los periódicos regionales han cambiado de dueño, y se ha esbozado una
tendencia a la formación de cadenas en las que un periódico es dueño de medios
en varias ciudades: el caso de Vanguardia Liberal, de Bucaramanga, dueño de La
Tarde de Pereira y de otros periódicos regionales, es sin duda el más
significativo.
FISCALÍA DECLARÓ CRIMEN DE LESA HUMANIDAD SECUESTRO DE PERIODISTA JINETH BEDOYA.
La comunicadora fue retenida el 25 de mayo de 2000 cuando iba a hacer una entrevista a jefes paramilitares en la cárcel La Modelo.
La Fiscalía General declaró como crimen de lesa humanidad el secuestro y posterior agresión sexual que sufrió la periodista Jineth Bedoya el 25 de mayo de 2000, cuando fue retenida ilegalmente en el momento que iba a realizar una entrevista con miembros de grupos paramilitares en la cárcel La Modelo de Bogotá.
El caso fue declarado como imprescriptible tras reconocerse que “los ataques a los periodistas fueron recurrentes como método de guerra con el fin de acallar la voz de quienes se atrevieron a exponer ante la opinión pública los desafueros y violaciones del paramilitarismo”.
La periodista fue víctima de un grupo de delincuentes que la secuestraron cuando iba a entrevistar para el diario El Espectador al paramilitar conocido con el alias de El Panadero, interno en el penal. Los secuestradores, luego de torturarla y agredirla sexualmente, la dejaron abandonada a las afueras de Villavicencio.
Por estos hechos la Fiscalía dictó medida de aseguramiento a Mario Jaimes Mejía, alias 'El Panadero'; Alejandro Cárdenas, alias 'JJ' y Jesús Emiro Pereira, alias 'Huevo e pisca', familiar del excomandante paramilitar Carlos Castaño.
Ante esto dichos paramilitares, quienes se encuentran en el proceso de Justicia y Paz, tendrán que responder por los delitos de secuestro agravado, tortura en persona protegida y acceso carnal violento.
La clave para que este caso empezara a moverse, luego de años de quietud, fue la confesión del exparamilitar Alejandro Cárdenas Orozco, quien se acogió a sentencia anticipada por el secuestro de Bedoya aunque no reconoció los otros dos delitos, en febrero de este año.
Según Cárdenas, en el 2000, cuando se encontraba en Barranca de Upía, recibió la orden de viajar a Bogotá para asesinar a la periodista Jineth Bedoya. A última hora hubo cambio de planes y se optó por el secuestro.
Cárdenas Orozco, quien en septiembre de 2011 ya había admitido su responsabilidad ante un fiscal de Justicia y Paz, reveló que cuando estaba a punto de consumar el homicidio, recibió una contraorden para que sólo la secuestrara y la entregara a otros de sus compinches en el sector de Puente Aranda. Él sostuvo que así lo hizo y que días después, durante una discusión por los errores y excesos cometidos durante el cautiverio de la periodista, su jefe, alias “Pollo Roger”, dio la orden de matarlo. Por eso tuvo que alejarse de la organización.
El testigo admitió que, según lo que escuchó a sus compañeros de andanzas, el secuestro de Jineth Bedoya obedeció a las publicaciones que ella venía haciendo en el periódico El Espectador sobre ilegalidades en los centros reclusorios del país, en particular por los artículos sobre tráfico de armas en la cárcel La Modelo de Bogotá. El detonante fueron sus informes sobre una masacre perpetrada en el interior del penal el 27 de abril de 2000, en la cual participaron activamente los paramilitares, dejando como saldo 25 personas muertas y 18 heridas de gravedad.
Días después, la periodista y otros de sus colegas recibieron cartas amenazantes, y por esa razón, previa consulta con las autoridades, se decidió que para aclarar la situación se realizaría una entrevista con algunos jefes paramilitares recluidos en La Modelo. En la mañana del jueves 25 de mayo, cuando aguardaba su ingreso al penal, fue secuestrada y sometida durante diez horas a tratos crueles y degradantes. Cuando la Fiscalía rastreaba su paradero, fue abandonada en un despoblado en la vía entre Villavicencio y Puerto López, en el Meta.
Pese a la gravedad de los hechos y a que, en atención al testimonio entregado por Jineth Bedoya, dos periodistas de El Espectador tuvieron que marcharse del país, la investigación judicial no arrojó resultados convincentes. Sólo hasta 2010, cuando la agencia de cooperación británica Oxfam entró a apoyar los persistentes reclamos de justicia de la periodista, el expediente empezó a moverse. Después intervino la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que optó por llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Cuando Viviane Morales asumió como fiscal, decidió darle prioridad al caso de Jineth Bedoya. Primero a través de Justicia y Paz y luego por conducto de la Unidad de Derechos Humanos. Y fue precisamente una fiscal de esta dependencia la que logró el primer paso clave hacia la verdad de lo sucedido: la confesión de Alejandro Cárdenas Orozco, quien solicitó sentencia anticipada. De paso fueron vinculados Emiro Pereira Rivera y Mario Jaimes Mejía, este último el sujeto que tramitó la falsa entrevista que terminó en secuestro.
La Fiscalía apunta a demostrar la activa participación de la casa Castaño en los hechos, a través del sujeto Jesús Emiro Pereira Rivera. Hombre de confianza de Vicente Castaño, Pereira Rivera, hoy detenido en Montería (Córdoba), fue uno de los principales promotores del llamado bloque Capital, que por la misma época ejecutó muchas otras acciones ilegales en Bogotá. Pero su radio de operaciones se extendió también, con el apoyo del bloque Centauros, a los departamentos de Meta y Casanare.
AMPLIACION DE LA INFORMACION
A su vez, el vocero de Oxfam, Alejandro Matos, agregó que el caso de Jineth Bedoya es determinante porque no sólo fue una agresión contra una periodista en particular, sino contra los derechos de las mujeres y la libertad de expresión. “El estado de impunidad en que se encuentra el caso debe ser motivo de vergüenza para las autoridades competentes”, añadió Matos, quien hizo saber que la organización acompaña a la periodista en su demanda internacional y que considera su lucha como la de muchas mujeres colombianas que han sido abusadas y viven en silencio.
En la mañana del jueves 25 de mayo de 2000, cuando tramitaba su ingreso a La Modelo, fue abordada por un desconocido que le aplicó un sedante, la condujo a una casa cercana y después, con otros individuos, la sometió a tratos degradantes. Después de una incesante búsqueda de la comunicadora, cuando el periódico constató a través de la Fiscalía que ella no ingresó nunca al centro penitenciario, fue abandonada en un sector despoblado a pocos kilómetros de Villavicencio, donde fue auxiliada por unidades de la Policía.
A pesar de la gravedad del hecho y que, además de la agresión a Jineth, del caso se derivó también el exilio de los entonces periodistas de El Espectador Ignacio Gómez y Hollman Morris, la investigación de la Fiscalía nunca avanzó satisfactoriamente. Por el contrario, como lo destacó el abogado Pedro Vaca, cayó en una inactividad cercana a la impunidad. Por esta razón, se decidió que el caso sea conocido por el sistema internacional de los derechos humanos, a través de una demanda contra el Estado colombiano y su falta de justicia.
Sólo hace dos semanas el fiscal que investiga el caso ordenó recibir una versión libre al general (r) de la Policía Leonardo Gallego Castrillón, quien para la época de los hechos oficiaba como director de la Dijín. El exoficial ha sido mencionado en diversas declaraciones y el ya fallecido periodista Manuel Vicente Peña lo señaló en su último libro como uno de los gestores del secuestro de Jineth Bedoya. Ayer, ella no aportó comentarios sobre el tema, pero cerró su intervención diciendo que la verdad de su caso es lamentablemente un escándalo.
CUESTIONEMOS
- Cuáles fueron los primeros periódicos en Colombia.
- En qué ayudan los periódicos
- A qué está obligada la prensa.
- A qué están enfrentados los periodistas en Colombia
- Quién fundó la Bagatela y porqué.
- Que posibilitan los periódicos
- En el caso de la periodista que derechos se han violado.
- Qué es un crimen de lesa humanidad.
- Nombre los periódicos que hasta el momento se nombran y que características tienen
- Del tema que se trato haga un comentario mínimo de 10 renglones